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Notas de prensa

17/03/2016

Prevención en el ámbito penal

No sólo los empresarios. También los técnicos responsables de prevención de las empresas están preocupados por las implicaciones penales de los accidentes laborales. Esta preocupación se tradujo el  17 de marzo en la masiva asistencia a nuestra jornada sobre prevención en el ámbito penal, que desbordó todas las previsiones

Más de 150 personas esperaban atentas las explicaciones del fiscal delegado de siniestralidad laboral, Enrique Valdés-Solís, que manifestó que la inmensa mayoría de los expedientes incoados en Asturias acaban archivándose, pues no se puede probar que el accidente se haya producido por la falta de medidas preventivas.

Participantes en la jornada de prevención en el ámbito penal 

Arriba: Enrique Valdés-Solís (Fiscal delegado de siniestralidad laboral), Alberto Cueto (EDP) Enrique Rodríguez (Nestlé España y Portugal) y Ernesto Martín (Garrigues)

Abajo: Antonio González (DG Trabajo), Rafael Ruiz (UMIVALE); Leticia Bilbao (FADE) Conchita González (CEOE-CEPYME Cantabria) y Alberto González (FADE)

Según el fiscal, ni se han incrementado los accidentes graves ni se ha producido un descenso en la inversión empresarial en prevención, más allá del derivado de la propia bajada de la actividad empresarial y de la carga de trabajo.

Valdés-Solís también hizo autocrítica y reconoció que en los órganos judiciales encargados de la siniestralidad laboral son necesarios más medios y, sobre todo, una mayor especialización.

Tras intervención del fiscal, y moderada por el director general de Trabajo del Gobierno asturiano, Antonio González, se celebró una animada mesa redonda, con la participación de Ernesto Martín (Garrigues), Rafael Ruiz (Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo) y Enrique Rodríguez (Nestlé), además de la del propio fiscal delegado. Durante la misma se pusieron de manifiesto algunas disfunciones que alejan la actuación del Ministerio Fiscal del funcionamiento “teórico” del mismo.

La más importante se traduce en que todo el procedimiento se inicia sobre el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, que no está orientada a ser llevada al ámbito judicial y que además cuenta con presunción de certeza, de forma que, en cierto modo, quedan ya establecidas así las calificaciones jurídicas de la infracción. Además, en palabras de Valdés-Solis, “resulta muy difícil poder rebatir lo que determina la Inspección o el Instituto Asturiano de Prevención, en la medida en que se personan de forma inmediata en el lugar de los hechos”.

Otro de los aspectos que se puso de manifiesto durante el debate, y que preocupa de manera notable a los técnicos de prevención, es que los propios técnicos tienen que personarse en el proceso como investigados (antes imputados), debido a cuestiones sobre las que no tienen ninguna capacidad de decisión. En este sentido, consideran, y así se manifestó durante la jornada, que esta práctica es cada vez más habitual y está tomando una deriva que nada tiene que ver con hacer prevención ni con velar por la seguridad y salud de los trabajadores.

Comunicación FADE

Juan Cepeda
Teléfono 98 523 21 05
Email comunicacion@fade.es

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