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18/11/2012

Más de formación. Un artículo de Alberto González. Noviembre de 2012

Categoría: Formación y empleo

Fuente: FADE

El secretario general de FADE responde a las manifestaciones públicas de dos diputados de la JGPA sobre los fondos de formación.

Más de formación

Publicado en el diario El Comercio el 18 de noviembre de 2012

Dos diputados de la Junta General del Principado de Asturias han denunciado lo que consideran “el gasto inútil de 150 millones de euros en formación para el empleo en Asturias entre 2008 y 2012”. Que consideran que con ellos “no se obtienen resultados para disminuir la alta tasa de paro de la región” y que “les preocupa el destino de los fondos que se dan desde el Principado a sindicatos y a empresarios para formación”.

Parece ser que noviembre es un mes propicio para enredar con estos temas. El año pasado ya ocurrió lo mismo, y entonces publiqué un artículo titulado “De formación”, en el que hablaba sobre el origen, la aplicación y el procedimiento de concesión de los fondos de formación. Dado que nada ha cambiado, invito a quien esté interesado a que lo lea en www.fade.es

La primera precisión es que los “recursos gastados” en esas iniciativas de formación durante el periodo de referencia no son 150 millones de euros, sino 108 millones. Hay una diferencia no menor de 42 millones de euros. Conviene sumar bien antes de dar titulares a la prensa, sobre todo si éstos tienen ánimo recriminatorio.

Hubiera sido muy conveniente que los diputados dijeran de dónde salen esos fondos. Pero, si es que lo saben, se lo han callado. Salen casi en su totalidad de una partida específica y diferenciada de las cotizaciones directas de empresas y trabajadores a la Seguridad Social. Las primeras aportan para formación el 0,6% de los salarios abonados a cada uno de sus trabajadores; y éstos un porcentaje del 0,1% de los mismos, que dejan de cobrar para engrosar el sistema.

Entre los años 2008 y 2011, la suma de esas cotizaciones de empresas y trabajadores en España ascendió a 7.631 millones de euros. En Asturias la cifra alcanzó 169 millones de euros. Es decir, casi 66 millones más de lo que, como han explicitado sus señorías, ha recibido la región para formación por esa vía. Y no he escuchado a ningún político reclamar tales dineros para Asturias.

Además, tal como se concibió el modelo en 1992, esos fondos deberían ser de servir solamente para mejorar la formación de los trabajadores en activo. Y su gestión debería recaer exclusivamente en los agentes económicos y sociales. Lo que ocurrió después es que gran parte de los mismos se fueron derivando hacia la formación de los trabajadores desempleados. En la actualidad apenas un tercio de esas aportaciones se aplican a la mejora de la capacitación de los trabajadores en activo. Tal vez cabe reclamar la exoneración de esas aportaciones en la parte que no sirven para su primigenio fin. Seguro que empresas y trabajadores lo agradecerían mucho en estos momentos.

Hay que saber de lo que se habla y no intentar contaminar con los mensajes. ¿Es que nuestros dos representantes electos consideran que ya no es necesaria la formación continua de los trabajadores? Yo lo tengo claro: el aprendizaje y mejora a lo largo de la vida laboral es muy importante, y en el futuro lo será más todavía. También tengo muy claro quiénes saben qué conocimientos, habilidades o técnicas son necesarias: no alguien sentado en un escaño, sino quienes están a pie de taller, obra, oficina o mostrador.

Al parecer de sus señorías, la fórmula para reducir el paro es la formación. Y como nos hemos “gastado tanto”, y no ha bajado el número de desempleados, los resultados de ese “gasto” son muy malos. El paro se reduce si hay más actividad económica y más empresas. Estas suelen contratar a más trabajadores; que es muy conveniente que estén bien formados. Esa es la secuencia, no la inversa: no porque haya trabajadores formados van a crearse más empresas o contratarse más. Entonces no pretendamos medir la eficacia de la formación en función de la reducción de las listas del paro. La formación es condición necesaria, pero no suficiente, para luchar contra el desempleo.

Esta afirmación no presupone que no haya que revisar el modelo español de formación para el empleo. Pero en su conjunto y a fondo. Empezando por el sistema de formación profesional reglada que, llevamos años diciendo desde FADE, debe asemejarse al concepto dual que tan bien funciona en otras partes de Europa. En cuanto a la dirigida a desempleados, también han de revisarse a fondo los objetivos y los criterios por los que se rige actualmente. Y uno debería primar sobre el resto: la inserción laboral.

Pero esa capacidad no la tienen los agentes económicos y sociales, sino los gobiernos. Y el de España, que es quien ostenta la competencia para introducir reformas en esta materia, y que desde hace un año está sustentado por el partido al que pertenecen estos dos diputados, no ha movido todavía ni una sola coma en las convocatorias de formación para desempleados respecto a las anteriores. Esto significa, entre otras cosas, que en un porcentaje importante sigue fiándose la formación de desempleados para que encuentren un trabajo a los Planes de Empleo de los ayuntamientos, a las Escuelas Taller y a otras entidades públicas que concurren directamente a las convocatorias, y cuyo historial de inserción año tras año no es precisamente brillante. ¿Qué pensarán los dos diputados de la intervención de estos actores en el sistema? No han dicho nada al respecto.

Lo que ha quedado muy claro es que a sus señorías les preocupa que los fondos de formación vayan a sindicatos y a empresarios. ¿Qué tiene de malo que la formación sea gestionada por patronal y sindicatos? Para empezar, la pagan aquellos a quienes legalmente representamos; se ajusta al sistema de representación constitucional; y está sometida a férreos controles y fiscalizaciones. Parece que a su partido no le preocupa tanto esta cuestión, porque en una reciente convocatoria nacional (ver BOE número 250, de 17 de octubre), destina nada menos que el 75% del presupuesto de los fondos de formación en un ámbito territorial concreto a los planes de agentes económicos y sociales en dicho territorio.

En todo caso son legítimas, e incluso alguna comprensible, las preocupaciones de los diputados. Pero siempre y cuando vayan acompañadas al menos de dos criterios: rigor y coherencia. Rigor para evitar que lo que debe ser un debate sereno, profundo, objetivo y también muy necesario, sobre el sistema de formación profesional que necesitamos en España se reduzca a un titular sustentado por una foto y unas cifras mal sumadas para “meter el dedo en el ojo” no se sabe bien con qué intención. Y coherencia para abordar desapasionadamente un problema cual es la capacitación profesional de los españoles –hago especial hincapié en el calificativo de problema-, cuyo planteamiento principal no es quién debe hacer las cosas, sino qué cosas deben hacerse, con qué objetivos y bajo qué criterios.

Alberto González Menéndez Secretario general de FADE

Ver el artículo De formación, publicado en La Nueva España el 13 de noviembre de 2011

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